El Ayuntamiento vizcaíno de Getxo ha registrado una denuncia de ATEA, presentada por la situación en que se encuentran dos perros de la localidad, permanentemente atados –uno de ellos además sin cobijo alguno–, y condenados por tanto a la que con toda seguridad constituye una de las mayores crueldades que pueden sufrir seres de naturaleza sociable: la soledad cotidiana.
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La tragedia que a diario viven miles de animales tan solo en un pequeño país como Euskadi apenas si se considera maltrato por un sector todavía muy significativo de la sociedad, y no digamos ya por parte de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, a pesar de que prohíben estas “causarles daño o angustia injustificados”. Nada que no sea un burdo desprecio por sus intereses más elementales puede explicar la criminal costumbre de condenar a los animales –de manera especial a los perros– a un mundo de escasos metros cuadrados. Si acaso puede serlo uno más que otro, uno de los casos que nos ocupan resulta si cabe más sangrante, por cuanto la mastina tiene ante sí un gran prado por el que sin embargo no puede corretear como quisiera, lo que supone una tortura psicológica añadida.
Siendo como es Getxo una localidad con merecida fama de calidad de vida para sus habitantes, no puede permitirse quedarse impasible ante situaciones como las denunciadas, teniendo en cuenta que todos los sufrimientos son por igual indeseables para quienes los padecen, sean estos humanos o animales. Es por ello que se recuerda al alcalde lo que en verdad supone para un ser familiar y gregario como un perro permanecer encadenado de por vida. Así las cosas, ATEA alberga la esperanza de que esta vez el Ayuntamiento actúe de manera muy diferente a las anteriores, cuando hizo una interpretación cuidadosamente selectiva de los puntos de la normativa que entendíamos quedaban incumplidos, estrategia ciertamente muy útil para la administración, que sin embargo se muestra por completo indecente desde el punto de vista de la ética política a la que se supone se deben nuestros representantes. Paralelamente, se insta al consistorio en el escrito a que sea un profesional veterinario quien evalúe si se cumple la normativa en toda su extensión, y que tal labor no quede en manos de agentes de la Policía Local, no cualificados para esta tarea, que como tales tratarán de solventar el asunto sin crearse demasiados “problemas” con sus conciudadanos.
Se da la especial circunstancia además de que el Pleno municipal getxotarra celebrado el pasado 27 de diciembre aprobó por mayoría absoluta una Moción de Defensa de los Animales, cuyo espíritu queda nítidamente reflejado en su texto, donde se reconoce a sus protagonistas como “seres sensibles al dolor y al sufrimiento físico y psíquico, con el derecho natural a vivir de acuerdo a sus necesidades biológicas”, y que, en lógica consecuencia, “deben ser defendidos y protegidos por el conjunto de la sociedad y especialmente por las instituciones”.
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