DENUNCIAMOS EL PERMANENTE ESTADO DE ENCADENAMIENTO DE DOS PERROS EN UN CASERÍO DE LEIOA (BIZKAIA)

Hemos denunciado ante el Ayuntamiento vizcaíno de Leioa el encadenamiento permanente que sufren dos perros en un caserío del municipio, que ven así vulneradas de forma severa sus necesidades más elementales, como la libertad de movimiento, un razonable grado de bienestar, o la posibilidad de guarecerse de las inclemencias meteorológicas.

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Es esta una situación a la que se ven condenados a vivir miles de perros a lo largo y ancho de Euskadi, particularmente en el medio rural, pero también en zonas urbanas como los polígonos industriales. Y todo ello con la inaceptable pasividad de las distintas administraciones (ayuntamientos y diputaciones, según casos) que tienen competencias en la materia, quienes ponen mucho mayor empeño en quitarse de encima los “inconvenientes” que les generan las denuncias que asumirlas como parte inseparable de sus obligaciones. Uno de los animales víctimas de esta situación se asemeja a un pastor belga (sin acceso a cobijo alguno y muy asustadizo), mientras el otro recuerda a un maltés. Algunos vecinos de la zona manifestaron a ATEA que los mismos propietarios dejaron morir de frío a un perro anteriormente, y que fue sustituido por el pastor belga, que ha ido deteriorándose física y psíquicamente desde entonces. Aunque nos gustaría que fuera innecesario, en la carta dirigida al alcalde se le recuerda lo que significa para animales sociables y gregarios como los perros pasar toda su vida amarrados a unos metros de cadena, así como los puntos de la normativa que entendemos incumple la situación de manera flagrante, y que vienen dados tanto por la Ley genérica vasca de 1993 como por la ordenanza reguladora local. Y se subraya de manera especial en el texto que debe ser un veterinario quien efectúe la inspección y emita después un informe evaluatorio, pues por lo general son agentes de la policía local quienes solventan este tipo de situaciones de manera burda, sin que posean la más elemental cualificación al respecto, y casi sin excepción condicionados por una mal entendida corrección política. Pero es de hecho lo que sucede la mayoría de las veces, y así lo atestigua nuestra experiencia, con lo que no cabe sino concluir que la mayor baza de las administraciones cuando de evadirse ante casos de maltrato animal se trata es echar mano de su inmenso poder y de nuestros escasos recursos: es así como se quitan el “problema” de un manotazo.

 ATEA considera que una sociedad como la vasca ni puede ni debe permitir que miles de seres sensibles e inocentes –condecorados oficiosamente como “nuestros mejores amigos”– languidezcan en condiciones infracaninas hasta su muerte, momento en que serán sustituidos con absoluta impunidad por otra víctima, alimentando de esta forma una espiral perversa que, además de los perpetradores materiales, tiene como colaboradores necesarios a las distintas administraciones públicas.


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