ABSUELVEN A NUESTRO PORTAVOZ DE LOS CARGOS QUE PESABAN SOBRE ÉL POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD

Acabamos de conocer la sentencia del juicio que el pasado día 9 de noviembre se llevó a cabo por segunda vez en los Juzgados de Amurrio contra nuestro portavoz y presidente, tras ordenar la Audiencia Provincial de Álava la repetición del mismo, aceptado en su día el Recurso de Apelación que presentó esta organización ante la condena inicial. La jueza ha dictado absolver a Kepa Tamames de los cargos que se le imputaban (desobediencia a la autoridad), como consecuencia de la denuncia presentada contra él por uno de los agentes que le acompañaban en el transcurso de una inspección por supuesto maltrato a un perro que permanecía permanentemente atado y desnutrido en los bajos de un caserío de la localidad ayalesa de Izoria. 

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ATEA lleva negando desde entonces que nuestro compañero desobedeciera a la autoridad, y para ello se remitía al propio texto de la primera sentencia, donde quedaba demostrado que, lejos de pretender desobedecer al agente, le requirió información adicional, obtenida la cual procedió a acatar la orden de inmediato. Este hecho es reconocido ahora por una jueza distinta de la anterior, quien en el apartado de FUNDAMENTOS JURÍDICOS reconoce que “[…] no puede apreciarse la existencia de una desobediencia en el sentido jurisprudencialmente exigido, para que pueda apreciarse relevancia penal”. Concluye por ello que “[…] los hechos denunciados no serían constitutivos de ilícito alguno, y no pueden, por lo tanto, dar lugar a la condena […]”.

  ATEA desea expresar su satisfacción por el resultado de la sentencia (que la fiscalía tiene derecho a recurrir en el plazo de cinco días), lo que no obsta para que la opinión que nos merece la actuación de un cuerpo policial como la Ertzaintza siga siendo en sustancia idéntico a la que ya teníamos, pues consideramos que el cuerpo referido dista mucho de estar cualificado para actuar en casos de maltrato animal, hecho inaceptable de todo punto de vista, más si cabe en una sociedad como la vasca, avanzada en tantos ámbitos sociales. Resulta descorazonador que los agentes que intervinieron en los hechos del pasado 10 de marzo sigan en activo, ella con una desoladora falta de empatía (consúltense comentarios improcedentes efectuados entonces en presencia de los denunciantes), él afectado de una grave impericia en su función de agente (entrega de una normativa caducada, mala praxis en la redacción de la denuncia, entre otras). Creemos que, por ello, la sociedad vasca se encuentra en un preocupante estado de desamparo ante quienes debieran ser garantes del cumplimiento de las leyes, que además observan a menudo un comportamiento con un claro déficit en cuanto a educación y trato servicial para con una ciudadanía que solo desea colaborar con la justicia, y que con demasiada frecuencia asume una labor –defender a los animales con la ley en la mano– que las distintas administraciones deberían desempeñar de oficio. Con este sombrío panorama, no resulta extraño que, en lugar de reconocer el compromiso de la sociedad civil en el cumplimiento normativo, lo habitual es que se pongan pegas para llevar a cabo una labor solidaria, llegando a acabar siendo el denunciante quien resulta denunciado, como en el caso que nos ocupa.

 Esta vez la jueza no ha hecho prevalecer la presunción de veracidad que se supone a todo agente de la autoridad, y ante declaraciones similares a las que se vertieron durante la primera vista (anulada), ofrece una sentencia por completo distinta. Tampoco esta veleidosa situación ayuda a generar confianza en la maquinaria judicial.

 Como dato accesorio dentro del mismo caso, y en referencia a la queja formal que pocos días después de sucedidos los hechos presentó ATEA ante la comisaría de Laudio, tenemos que lamentar que transcurridos ocho meses y medio ni siquiera se han dignado acusar recibo de la misma, ni mucho menos dar la oportuna respuesta, por lo que en estos momentos nuestra organización baraja la posibilidad de presentar una queja más, esta vez ante el Ararteko.    

 Con todo, lo más dramático del caso es que nada se pudo hacer por el desdichado animal, un perro permanentemente atado y en estado de severa delgadez, que desapareció del lugar al poco tiempo, sin que el responsable del mismo haya tenido que ofrecer explicación alguna a nadie sobre el hecho, lo que demuestra una vez más el nulo interés administrativo en actuar con ejemplaridad y contundencia contra los maltratadotes de animales, sin duda dramática asignatura pendiente en España, de la que por desgracia no es Euskadi una excepción.   


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