DENUNCIAMOS LA RECLUSIÓN DE UN PERRO EN UN PATIO INTERIOR DE GETXO (BIZKAIA)

Nuestra asociación ha interpuesto una denuncia ante el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Getxo por la permanente estancia de un perro en un patio interior. A la denuncia se adjunta una colección de fotografías y una colección de vídeos que constatan los hechos.

Según comprobación hecha por uno de nuestros inspectores, el animal –un individuo mestizo bicolor de mediano tamaño– se encuentra recluido en una terraza interior, aislado de la vivienda donde se supone están los propietarios, y pasa buena parte del día atado a la verja, a una apreciable distancia de la entrada de la casa, de tal forma que ladra desesperado reclamando atención. Es por ello que, aunque lo prioritario es desde luego atender sus necesidades emocionales básicas, evitando así una angustia en el animal que consideramos gratuita, se da la circunstancia de que la víctima causa objetivas molestias al vecindario con su petición de ayuda. No es necesario remarcar que la atención debida que todo ser sensible merece evitaría ambas situaciones indeseables. Entendemos que la situación del citado animal vulnera con claridad varios puntos de Ley/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, normativa genérica vasca en la materia, que prohíbe en uno de sus puntos causar de manera injustificada angustia o padecimiento a los animales. No puede existir justificación posible para mantener a un animal por naturaleza sociable como un perro confinado de manera permanente a un patio interior en la más absoluta soledad, concluyendo por tanto que se trata de un claro caso de crueldad gratuita e innecesaria. Observamos además que la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales que rige en Getxo abunda en los mismos términos, por lo que a nuestro entender el caso no alberga duda alguna. Es por ello que instamos al Ayuntamiento a que aplique la Ley y sancione como proceda a los responsables de los hechos (entendemos que los propietarios del animal).

En la carta, dirigida al alcalde, se les recuerda que los ayuntamientos tienen tanto la potestad administrativa como la obligación paralela de actuar de oficio en casos de maltrato animal.


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