CORREGIMOS A LA CONSEJERA DE GANADERÍA DE CANTABRIA: ¡LA LEGISLACIÓN YA EXISTE!

YEGUA CAMARGO imagen

 

Ante la NOTICIA publicada ayer mismo en la prensa local de Cantabria, según la cual la consejera de Ganadería del Gobierno prevé [sustanciales] cambios en la actual LEY 3/1992, DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, “para que así, un animal pueda ser incautado a su propietario cuando existan evidencias de que se halla en circunstancias que hagan peligrar su vida”, ATEA desea recordar a la opinión pública que dicha posibilidad ya existe en la normativa de aplicación desde hace muchos años. En efecto, la citada Ley 3/1992 establece en su Artículo 41 que “La apertura e instrucción del expediente administrativo sancionador se realizará por el órgano administrativo competente de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI de la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Y aclara en el siguiente (Artículo 42) qué protocolo debe seguirse al efecto: “1| Cuando una infracción revistiese carácter de delito o falta sancionable penalmente, se suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador, dándose traslado de la denuncia a la autoridad judicial. 2| Si la autoridad judicial no estimare la existencia de delito o falta, se continuará el expediente administrativo con base, en su caso, a los hechos declarados probados por la jurisdicción competente”.

Del mismo modo, la consejera parece dejar en manos de la nueva normativa algo tan esencial como la actualización de las infracciones, así como las preceptivas campañas de concienciación social. Que sepamos, la primera cuestión se actualiza de forma automática. Y si no se ha llevado a cabo la segunda es porque la administración no ha observado el interés que se supone a todo organismo público por la justicia bien entendida. Por otra parte, desconcierta la batería de “novedosas propuestas”, entre las que se incluirían la agresión física o la desatención letal. Damos por hecho que tales comportamientos –junto a otras muchos– ya aparecen como prohibidos en el Artículo 2 de la Ley autonómica (como no puede ser de otra forma).

Todo surge a partir de la  DRAMÁTICA SITUACIÓN que se dio el pasado mes de enero en el Alto de El Churi (Camargo), en una llamada cuadra pirata, donde un elevado número de animales (caballos, ovejas, burros, perros…) sufrían una gravísima desatención, al punto de que seis de ellos habían muerto. Se acusó entonces a la Administración de limitarse a retirar los cadáveres, dejando a su suerte al resto, que tuvieron que ser atendidos por voluntarios animalistas. De hecho, una oveja con las patas rotas desapareció, sin que se sepa su paradero. 

Ante tan evidente y crudo escenario, resulta más que sorprendente que la Consejería, teniendo a su disposición toda suerte de normativa (Ley 3/1992, Ley 32/2007) y siendo competente en la materia, no hiciese uso de ella y ahora anuncie a bombo y platillo un sustancial cambio en la legislación. ¿Acaso no es suficiente que la actual ley autonómica especifique en su Artículo 17bis que “Las Entidades Municipales y la Administración Autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán proceder a confiscar los animales si en ellos se detectan indicios de maltrato o tortura, presentan síntomas de agresión física o desnutrición o se encuentran en instalaciones indebidas”? ¿No les obliga tampoco el Artículo 20 de la LEY 3/2007, PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES EN SU EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO, que encabeza su lista de “medidas provisionales” con “la incautación de los animales”?

Es por ello que no llegamos a comprender las manifestaciones de la consejera, por cuanto “promete” un cambio normativo con el objeto de lograr algo para lo que la Comunidad Autónoma no solo tiene ya plenas competencias, sino la obligación de actuar de oficio en tales casos. En dicho sentido, nos gustaría creer que se trata en efecto de una mala interpretación de sus palabras, antes que sospechar que en realidad estamos ante el clásico “caramelo electoral”, dadas las particulares fechas que vivimos.

 

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