DENUNCIAMOS LA SITUACIÓN DE VARIOS PERROS ANTE EL AYUNTAMIENTO DE RIVA DE RUESGA (CANTABRIA)

Hemos remitido una denuncia al Ayuntamiento de Riva de Ruesga (Cantabria), por la situación que sufren varios perros en una finca particular, donde se ha podido observar que en un espacio acotado por plataformas metálicas se encuentran confinados al menos dos animales, a los que hay que añadir uno más en el exterior, atado este de forma permanente a una cadena. 

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Creemos que no se necesita incidir demasiado en lo que representa para animales de naturaleza amistosa y sociable –como de hecho son los perros– permanecer en perpetuo estado de encadenamiento o confinamiento, sin más radio de acción que unos escasos metros. Como es lógico, la situación les afecta de forma grave en su equilibrio psicológico, pues cercena sus más elementales necesidades emocionales. Es por ello que resulta muy difícil no calificar la actitud del responsable de los hechos de crueldad gratuita, pues dichos animales no reciben ni de lejos el trato y atención que todo ser sensible desea y merece. Pero es que además, el caso que nos ocupa contraviene a nuestro juicio la normativa proteccionista vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde hace dos décadas, y que las autoridades desprecian a diario, mientras obligan a la sociedad civil a cumplir ciertas otras leyes. 

En efecto, la CAC cuenta con una norma legal genérica específica de cierta antigüedad, concretamente la Ley 3/1992, de 18 de marzo (con algunas modificaciones posteriores). Deducimos que los hechos denunciados infringen con claridad varios puntos de la misma, pues ya en su artículo 2.2.a prohíbe “Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les suponga sufrimientos o daños injustificados”. En tal sentido, resulta obvio que no puede haber justificación posible para mantener animales de naturaleza gregaria encerrados o atados de por vida, pues sin duda ello les afecta en un plano psicológico, como nos afectaría de hecho a cualquiera de nosotros en semejante situación.

Es por ello que se insta al Ayuntamiento a que aplique la normativa vigente y sancione como proceda al responsable de tan lamentable comportamiento. Y aprovechamos la ocasión para recordar al alcalde que, en calidad de tal, no solo tiene potestad para intervenir en casos de maltrato animal, sino la obligación de hacerlo de oficio, circunstancia que hasta el momento no se ha producido, estamos seguros de que por simple desconocimiento de los hechos. De igual forma, se le apunta que ha de ser tenido en cuenta el texto completo de la normativa referida, y no ceñirse a segmentos concretos, pues una ley queda incumplida con el solo incumplimiento de cualquiera de sus partes.

 

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